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13 / 01 / 2004
Haití, retrato de un país desesperanzado
Las continuas protestas en Haití contra el presidente Jean-Bertrand Aristide han vuelto a costar la vida a dos personas y han causado una treintena de heridos. Los observadores describen las protestas como las más duras desde 1990, cuando una revuelta popular derrocó al dictador Duvalier.
Claves
Haití intenta hallar su dirección en la guía de transiciones a la democracia. Víctima del legado militar, el país no ha conseguido a lo largo de los años noventa estabilizar un sistema aquejado por infinitos males. El país caribeño, el más pobre de América y uno de los menos desarrollados del mundo exceptuando el continente de África, ostenta récords tan tristes como el de haber tenido el mayor número de Gobiernos de América Latina, las peores violaciones de los derechos humanos en tiempos de paz y el mayor número y las más prolongadas intervenciones militares por parte de EEUU. Es, también, un firme candidato para el récord del mayor número de elecciones manipuladas.
Pese a contar con una población eminentemente rural, sólo el 20% del presupuesto público se destina al campo. Los programas impuestos últimamente por instituciones como el FMI se han basado en modelos externos y no han revertido en cambios visibles para la población. El compromiso internacional ha permitido crear una nueva policía, considerada el principal éxito de la transición, pero en la que han ingresado antiguos miembros del Ejército de dudoso compromiso democrático. Además, el control judicial y político de las fuerzas de seguridad es mínimo: el sistema judicial destaca por su corrupción y poca fiabilidad, y las instituciones políticas también viven su caos particular. Haití carece de un sistema de partidos homologable, ocupando su lugar las rencillas personales y los discursos populistas. La transparencia de los procesos electorales es mínima y el espacio para el consenso muy reducido, lo que en varias ocasiones ha paralizado el proceso de toma de decisiones del Estado. Sobre el sistema político gravita la figura del presidente Jean-Bertrand Aristide, acusado por un reciente informe de la ONU de ejercer la represión, de violar los derechos humanos, de crear una policía paralela que tortura y ejecuta y de presidir un sistema corrupto. Cabe añadir la creciente influencia del narcotráfico en el país, el aumento de la criminalidad, la destrucción medioambiental y la incidencia de la desnutrición infantil y el analfabetismo para completar un retrato realmente negativo de la situación en Haití. La presencia de observadores de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) y la cooperación de EEUU y la UE, entre otros, habían conseguido algunos logros, como la reducción de violaciones de los derechos humanos o la creación de la policía, pero el deterioro de la situación ha provocado su retirada dejando a Haití abandonada a su suerte por la comunidad internacional y privándole de las más que necesarias ayudas externas. Haití no existe para el resto del mundo. Pero sus habitantes sufren la pobreza, el Sida y las laceraciones.
Antecedentes y evolución
Haití forma parte de la zona de influencia directa de Estados Unidos, país que ha determinado decisivamente su vida política desde el siglo XIX. Haití obtiene la independencia de Francia en 1804 y es gobernado a partir de entonces por líderes de la comunidad mulata. Se suceden Gobiernos militares, como lo será el de Dumarsais Estimé, primer presidente negro del país, a partir de 1946. En 1957 accede al poder François Duvalier, primero de la saga que completará su hijo Jean-Claude. El sistema establecido por los Duvalier reduce el peso del Ejército, para evitar nuevos complots militares, pero lo sustituye creando una fuerza paramilitar (los "Tonton Macoutes", o "cocos") encargada de eliminar a todo adversario. Se calcula que unas 30.000 personas murieron por este motivo en Haití entre 1957 y 1986.
A mediados de los años ochenta, la sublevación popular lleva a los sectores afines al régimen a promover retoques en el liderazgo, para evitar males mayores. La mala imagen de Haití también genera preocupación en Estados Unidos. Ante la presión social y el creciente rechazo de sus antiguos valedores, Jean-Claude Duvalier abandona Haití en febrero de 1986, dando paso a tímidas reformas promovidas por la comunidad internacional y controladas por otros jefes militares. En 1987 se aprueba una nueva Constitución en referéndum, y se da inicio a varias convocatorias electorales que culminarán con los comicios presidenciales de diciembre de 1990, ganadas cómodamente por el entonces sacerdote Jean-Bertrand Aristide, adherente a la teología de la liberación y líder del movimiento Lavalas ("avalancha").
Aristide representa a las clases populares en su lucha contra la élite que había dominado el país históricamente. Su discurso contra las intervenciones extranjeras y a favor de la justicia social triunfa fácilmente en un país desde siempre afectado por la influencia estadounidense y por los graves desequilibrios económicos, aunque el nuevo presidente necesita ayudas económicas externas. Sus excesivas ambiciones (reforma del Ejército, solicitud a Francia de la extradición de Duvalier, etc.) siembran el malestar en algunos sectores, y un golpe de Estado militar se hace con el poder en octubre de 1991. El nuevo Gobierno de Raoul Cédras supera inicialmente el bloqueo comercial aprobado por la OEA, pero la situación se complica al añadirse las sanciones de EEUU y la ONU. Mientras tanto, una nueva fuerza paramilitar (el Frente Revolucionario para el Avance y el Progreso de Haití, FRAPH) que actúa principalmente en barrios populares se encarga de eliminar o atemorizar a los sectores partidarios de Aristide. Unas 40.000 personas escapan del país, convirtiéndose muchas en boat people (balseros) con destino a las costas de EEUU, de donde son devueltos. La presión internacional vence la resistencia de los militares, que huyen tras la intervención militar estadounidense, autorizada por la ONU, de septiembre de 1994.
Aristide recupera el poder pero deberá aceptar los términos de un pacto que limita su margen de decisión. Haití asume las políticas neoliberales del FMI, respeta la posición de sus élites y reinicia la reforma de las fuerzas de seguridad. En diciembre de 1995, al cumplirse los cinco años de mandato, el presidente abandona el cargo, ante la negativa internacional a permitirle recuperar los tres años en el exilio. Accede al poder su discípulo René Préval, bajo las órdenes del cual pasarán varios candidatos a primer ministro. El descontento popular con las políticas económicas del Gobierno, que pese a conseguir mejoras en los indicadores (reducción de la inflación, leve baja del paro, etc.) no se ven reflejadas en la vida cotidiana, lleva a la convocatoria de varias huelgas generales. Líderes como el propio Aristide aprovechan el descontento para clamar contra el neoliberalismo, haciendo gala de un discurso más bien populista.
A esta tensión se añade en abril de 1997 la polémica por los resultados de la primera ronda de las elecciones legislativas parciales. Como en convocatorias anteriores, la poca claridad de los datos pone en el ojo del huracán al Consejo Electoral Provisional (Provisional porque todavía hoy no se ha constituido el Permanente previsto en la Constitución de 1987), acusado de partidismo a favor de Aristide. Ante este clima agitado, el primer ministro Rosny Smarth presenta su dimisión dos meses después. El principal grupo parlamentario es la Organización del Pueblo en Lucha (OPL), uno de los partidos herederos del movimiento Lavalas que lideró Aristide, actual máximo dirigente de la Familia Lavalas (FL). La poca claridad de los resultados hace que la OPL, como otros partidos, renuncie a la segunda vuelta y pase a oponerse frontalmente a Préval, cuyos siguientes candidatos a primer ministro serán repetidamente rechazados por el Legislativo.
Tras 18 meses de vacío de poder, en diciembre de 1998 accede a la jefatura de Gobierno Jacques Édouard Alexis, quien en marzo forma un Gobierno donde destacan los próximos a Préval y en que participan miembros de varios partidos menores. Este gabinete es nombrado por decreto, ya que de las dos Cámaras sólo un tercio de senadores tiene su mandato en vigor. No se esperan cambios significativos en la apertura económica de Haití, aunque la inestabilidad haya dificultado el cumplimiento del plan de ajuste establecido en enero de 1995. Además, la congelación del Legislativo impide la aprobación a tiempo de los presupuestos, hecho que imposibilita la recepción de créditos internacionales necesarios. La inversión extranjera se centra sobre todo en las llamadas maquiladoras, fábricas donde los derechos laborales son inexistentes. Pese a la formación de Gobierno, el desconcierto persiste, y el discurso catastrofista de los gobernantes no ayuda a calmar la situación. Algunos consideran que Préval desea sembrar el caos para hacer inevitable el retorno de su mentor, Jean-Bertrand Aristide, al cargo (no se pueden tener dos mandatos seguidos, pero sí discontinuos).
Condiciones actuales
Las elecciones legislativas, celebradas en junio y julio de 2000 después de continuos aplazamientos y de 6 meses de vacío de poder, dan una mayoría aplastante al partido de la Familia Lavalas, presidido por Jean-Bertrand Aristide. Éste se erige, asimismo, en vencedor de las elecciones presidenciales, celebradas en noviembre de 2000 y denunciadas por fraude masivo por la oposición y los observadores internacionales que anuncian la congelación de las ayudas en caso de que no se corrijan los fallos detectados tanto en el escrutinio de las elecciones legislativas como presidenciales. La esperanza de que las elecciones lanzaran a Haití sobre la senda democrática se ha desvanecido nuevamente. Y el Estado sigue careciendo de recursos para imponer el orden, sobre todo en zonas rurales, donde a menudo dominan los clanes y la intimidación. En 1998 se hablaba de unos 50 muertos al mes provocados por la delincuencia común.
En cuestión de tres años, el régimen de Aristide ha vuelto a deparar tristes récords a Haití: arrestos arbitrarios por la policía paralela del presidente, 150 ejecuciones sumarias en dos meses, decenas de muertos por enfrentamientos entre leales al presidente y la oposición, restricción de la libertad de expresión, asesinatos de periodistas y un largo etcétera vuelven a dibujar un panorama de desesperanza. El único motor que actualmente intenta cambiar el rumbo de este país es la Plataforma Democrática de la Sociedad Civil, que agrupa a asociaciones socio-profesionales y que exige la renuncia de un presidente que fuera en su tiempo el “cura de los pobres”. Sin embargo, su relevo no asegura un mejor futuro para Haití, porque la alianza no cuenta con el apoyo de otro poder en el país, la Iglesia católica, y entre sus filas conviven demócratas y nacionalistas de dudosa carrera democrática.
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