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21 / 06 / 2004
El juez Richard Goldstone: «Soy optimista y creo que se podrá aplicar la justicia internacional»

El ex miembro del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, Richard Goldstone, ha inaugurado el Diálogo «Justicia Internacional», que durante los dos próximos días tratará la función y el desarrollo del derecho internacional

El ex miembro del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, Richard Goldstone, ha intervenido en la sesión inaugural del Diálogo «Justicia Internacional» destacando su optimismo; ha asegurado «que en un futuro se podrá aplicar la justicia internacional. Es la sociedad civil la que cambia las cosas, en esto soy muy optimista, pero también hay que ser realista, para que los avances en justicia internacional no queden anulados». Goldstone ha destacado que «después de la creación del Tribunal Penal para Ruanda y la ex Yugoslavia, se tienen en cuenta el ataque a civiles y los daños colaterales».

La decana de la Woodrow Wilson School de la Universidad de Princeton, Anne Marie Slaughter, ha hablado de los últimos procesos que se están llevando a cabo en el capo de la justicia internacional. La decana ha explicado que es importante «integrar en la justicia internacional la seguridad de los Estados y las personas; es necesario mejorar la capacidad de los gobiernos de actuar en el ámbito internacional y permitir que las personas ayuden a otras personas». Así, Slaughter ha hablado de la individualización de las leyes internacionales, pensadas no sólo para aplicarlas al comportamiento de los Estados, sino también de los individuos, de la inclusión de las ONG en la creación de normativas internacionales y el control del cumplimiento de estas normativas por parte del Estado y, por último, de la integración de la ley internacional en las leyes estatales.

En este sentido, Slaughter ha dicho que «si Estados Unidos fuesen miembro del Tribunal Penal Internacional (TPI) se perseguiría de manera ininterrumpida el tema de las torturas de Iraq». Por otra parte, para Slaughter, en la situación que actualmente se vive en Sudán, «se ha de intervenir, aunque sea ilegal, porque la intervención sería legítima; si no actuamos somos unos hipócritas».

Por su parte, la coordinadora de la oficina del procurador del Tribunal Penal Internacional (TPI) de Naciones Unidas para Ruanda y la ex Yugoslavia, Cécile Aptel, ha explicado que «a nivel de justicia internacional, uno de los temas importantes es la tensión entre la soberanía del Estado y el propio organismo internacional, el Tribunal Penal Internacional; por eso es importante la colaboración de otros Estados».

El asistente del secretario general de Naciones Unidas y vicerrector de la United Nations University, Ramesh Thakur, ha explicado que «la soberanía estatal es la responsable de la seguridad de sus ciudadanos, y también es responsable ante la comunidad internacional». En este sentido, si el Estado no cumple, la responsabilidad pasa a ser de la comunidad internacional. Thakur ha explicado que «se han limitado las razones para que la comunidad internacional actúe en casos de masacre o limpieza étnica, con el fin de que pueda haber consenso internacional para decidir actuar o no». Ramesh Thakur ha explicado que la intervención ha de ir acompañada de prevención y reconstrucción. En este sentido, Thakur ha explicado que «nos hemos de olvidar de las intervenciones, nuestra responsabilidad es la protección íntegra de la soberanía nacional y la seguridad humana, el Estado ha de proteger a los ciudadanos, pero a la vez es responsable de la ciudadanía».

La profesora de derecho internacional del centro de estudios de derechos humanos de la London School of Economics, Christine Chinkin, ha explicado que «por fin se han reconocido dentro de la justicia internacional los crímenes contra las mujeres». En este sentido, este cambio se ha producido gracias a cuatro factores: el factor CNN, la defensa a nivel mundial del derecho de las mujeres que han hecho las ONG, la creación del Tribunal Penal de Yugoslavia y la inclusión de una persona responsable en la oficina del TPI. Para Christine Chinkin, «la violencia contra las mujeres es un conflicto bélico; no sólo ha de ser considerada como ataques a la población civil y crimen de guerra, sino un crimen contra la humanidad».